Califica de incomprensible la nueva postura del Consell en contra de la aplicación de la Ley y en contra de los Clubes
 
El Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, respondió ayer con una celeridad inusitada al comunicado de la Asociación de Clubes Náuticos que denunciaba la intención privatizadora de la administración autonómica. Y lo hizo escudando su decisión en una supuesta obligación de la Unión Europea a convocar concursos para otorgar las concesiones.

Nada más lejos de la realidad. El Director General omite en su información a los medios la existencia de un informe que obra en su poder y que desmonta por completo esta tesis.

El 15 de mayo de 2015 se emitió un informe firmado por el Director General de la Abogacía General de la Generalitat con el visto bueno de la Abogacía General de la Generalitat, donde despeja el régimen jurídico aplicable a los Clubes Náuticos, pues el informe establece claramente que la utilización privativa del dominio público portuario requiere de concesión demanial y, por lo tanto, la gestión o explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la Comunitat no debe configurarse como una concesión de gestión de servicio público ni sujetarse a la normativa de la contratación pública.

El informe, en consecuencia, establece que la Administración no está obligada a convocar concurso cuando el solicitante sea un club náutico.

Dicho informe establece asimismo el procedimiento para solicitar una concesión. Así, cuando el solicitante sea un club náutico, el procedimiento será el previsto en el articulo 34 y siguientes de la Ley 2/2014 de 13 de junio, sin necesidad de trámite de información pública, ni de convocatoria de concurso ni tampoco del trámite de competencia de proyectos.

Más aún, el Director General ya avisa que el proceso será “largo” y que pretende “acabar con la incertidumbre de las prórrogas y, además, se podrán realizar nuevos proyectos que mejoren las infraestructuras portuarias de la Comunitat”. Olvida que la incertidumbre para muchos usuarios dura ya años y que anunciar un proceso largo no ayuda a reducirla.

Las cofradías de pescadores, en la misma situación

Actualmente las Cofradías de Pescadores gestionan en régimen de concesión el servicio portuario (servicio público) de la primera venta de pescado fresco. Siguiendo la premisa planteada por la Consellería donde hacen referencia al marco Europeo, la Administración debería sacar el servicio portuario de la primera venta de pescado a concurso público. ¿Significa que siguiendo la normativa de la unión europea la Generalitat Valenciana sacará a concurso público las Cofradía de Pescadores?

La tesis planteada por el Director General Carlos Domingo Soler es equivocada. Desde la ACNCV defendemos la continuidad de las Cofradias de Pescadores y Clubes Náuticos como gestores instalaciones portuarias.

La Asociación de Clubes mantiene su postura en defensa de la aplicación de la Ley de Puertos de la Generalitat, que lleva poco más de un año en vigor, y que cuenta con todos los estudios jurídicos necesarios.

Es más, en ningún momento a lo largo de su tramitación, el PSOE o Compromís adujeron que fuera en contra de la UE, ni presentaron recurso posterior. Más bien al contrario, el Diario de Sesiones del cuatro de Junio de 2014 deja clara la postura en defensa de los clubes de ambas formaciones. Concretamente, el portavoz de Compromís, en su defensa del voto de su formación contra la Ley, dijo que esta ”Abre la puerta a que los actuales clubs náuticos puedan estar…, bueno, que son entidades sin ánimo de lucro, pues, que la gestión que realizan los clubs náuticos pueda pasar a otras entidades con ánimo de lucro. Deja en indefensión a los trabajadores públicos, a los funcionarios que ahora mismo están desarrollando funciones y que no se sabe, porque no está definido, en qué medida van a poder seguir realizando sus funciones”.

Por su parte, el diputado del PSPV – PSOE, Francesc Signes, basó parte de su intervención y del voto en contra de su grupo en los mismo argumentos, e incluso amplía la defensa de su grupo hacia los Clubes Náuticos, “Senyories, la taxa d’ocupació que preveu la legislació estatal utilitza paràmetres semblants als del projecte que discutim, però, per al cas dels clubs nàutics, la legislació estatal sí que té en consideració l’especial naturalesa d’estos, i en eixe sentit ha introduït un règim favorable per als clubs nàutics de la legislació estatal d’un 30% de la quota corresponent a la taxa associada als espais terrestres, als d’aigua i a les d’obres i instal·lacions destinades exclusivament a la realització d’activitats nàutiques.
Este projecte, senyories, deixa els clubs nàutics en una situació més desfavorable respecte a allò que disposa la llei estatal, fent impossible l’impacte econòmic que estos clubs generen respecte al desenvolupament econòmic que generen –com dic–, llocs de treball que generen, deu llocs indirectes per cadascun directe, promoció dels esports nàutics, atracció i recolzament al desenvolupament turístic i uns ingressos a La Generalitat de vora de tres milions d’euros anuals. Esta esme- na és una esmena que és de la Federació de Clubs Nàutics i és la màxima aspiració d’ells en tot el procés que han estat nego- ciant amb la conselleria, la consellera sap perfectament que esta és l’aspiració màxima a què ells aspiraven. L’esmena que ha presentat el Partit Popular no és esta esmena. És el mal menor per als clubs nàutics, però no és esta esmena per la qual ells en definitiva han estat lluitant i treballant”.
Por todo ello, resulta incomprensible, ahora, la postura en contra de la aplicación de la Ley y en contra de los Clubes, salvo que se considere que ambos partidos han realizado una ruptura ideológica completa con sus representantes de la legislatura anterior o que la supuesta defensa de la actividad social, económica y deportiva de los clubes fuera sólo una exhibición de cara a un proceso electoral que se encontraba ya en ciernes.